El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este día fue instaurado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y tomar consciencia sobre su situación en aspectos de la vida política, social, económica y cultural. “Los organismos internacionales como la OMS, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, encargados de producir informes técnicos para promover la formulación de políticas y programas innovadores que mejoren las vidas de las personas con discapacidad, son enfáticos en señalar que este es un problema de gran magnitud. Afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Además, existe una clara asociación con grupos vulnerables de la sociedad, por ejemplo: el 80% vive en países en desarrollo, afecta al 46% de las personas mayores de 60 años, una de cada cinco mujeres tiene probabilidades de tener discapacidad en su vida, uno de cada diez niños es un niño con discapacidad y las personas con discapacidad en el mundo se encuentran entre las más afectadas por el COVID-19”, afirma con preocupación el Presidente del Colegio de Kinesiólogos, Eduardo Tognarelli.
En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando por cambios epidemiológicos como el envejecimiento de la población, el aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental; y más recientemente a la creciente recurrencia de enfermedades infecciosas como es SARS-CoV2 y sus graves consecuencias.
“Desde el punto de vista del impacto social, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, académicos y económicos, por lo que presentan tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas. Las personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad”, sostiene Tognarelli.
Los resultados de estudios realizados en Chile en materia de discapacidad presentan cifras que concuerdan con los datos mundiales y revelan similares problemas de acceso y desigualdad. Según los resultados del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC 2015), desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), el 20% de la población adulta tiene discapacidad, lo que corresponde a más de 2.6 millones de personas. De ellos, el 8,3% tiene problemas severos en su desempeño (discapacidad severa) y 11,7 % están en situación de discapacidad leve a moderada. La situación de discapacidad está estrechamente relacionada con el envejecimiento de las personas y sus ingresos, y afecta en mayor proporción a las mujeres. Sólo el 42,8% de las personas con discapacidad (PcD) participan en el mercado laboral, mientras que un 40,4% de las personas adultas con discapacidad se encuentran en situación de dependencia. El 73,9% de los cuidadores son mujeres, y en su mayoría no reciben una remuneración.
La información recogida en la primera ENDISC (2004) revela que sólo un 6,5% de las PcD había tenido acceso a prestaciones de rehabilitación y según cifras del SENADIS (2012) sólo se destinó el 3% del aporte financiero total de ese año en los servicios requeridos por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía personal, en el área de salud, educación, accesibilidad, trabajo o justicia. “Esfuerzos absolutamente insuficientes para mejorar la accesibilidad de las PcD a tratamientos efectivos de Rehabilitación en un país que se jacta públicamente en poseer un único centro de Rehabilitación Nacional, Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) y que en materia de rehabilitación infantil, esta se encuentra principalmente en manos de privados (Teletón), quienes administran fondos provenientes en su gran mayoría de la caridad social y aportes del Estado de los cuales hay poco o nada de información sobre su destino”, enfatizan desde el Colegio de kinesiólogos.
“Una de las actuales preocupaciones la concita la falta de incentivos para atender de manera oportuna distintos niveles de discapacidad, especialmente en niños o las fallas en la integración de la red asistencial para dar continuidad a los servicios de rehabilitación entre hospitales y la salud primaria. Son barreras persistentes para el acceso oportuno a servicios de rehabilitación en la Atención Primaria de Salud (APS) la falta de recursos y/o de profesionales debidamente capacitados para otorgar la debida cobertura de las necesidades de rehabilitación en discapacidad severa, donde además se deben abordar barreras de acceso, que tienen gran impacto en las personas con dificultades de movilidad. Otro punto relevante en materia de discapacidad son las políticas públicas en materia de prevención este nivel del modelo de salud” manifiesta con preocupación el profesional.
Por último, el gremio hace un llamado a que la discapacidad no debe ser vista sólo como un asunto sanitario, si no que social, por lo que el Estado debe articular una política pública que permita integrar de manera intersectorial las acciones tendientes a favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad y dejar atrás definitivamente las miradas únicamente asistencialistas que han predominado en este importante grupo de nuestra sociedad.
Equipo Prensa Portal Red Salud
