La iniciativa busca optimizar el uso de recursos, fortalecer la participación ciudadana y aumentar el aporte fiscal para garantizar el acceso a terapias de alto costo
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó artículos clave de la reforma a la Ley Ricarte Soto, impulsada por el Gobierno con el objetivo de optimizar el Sistema de Protección Financiera para tratamientos de alto costo. La sesión contó con la participación de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien destacó la importancia de estas modificaciones para garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.
Los legisladores dieron luz verde a tres puntos fundamentales:
- Fortalecimiento de la Comisión Ciudadana de Vigilancia: Se amplían sus atribuciones para advertir al Ministerio de Salud cuando un tratamiento o diagnóstico originalmente de alto costo baje del umbral legal o cuando surja nueva evidencia científica que ponga en duda su seguridad o eficacia.
- Actualización flexible de precios: Se faculta al Ministerio de Salud para actualizar el precio de tratamientos y diagnósticos de forma ágil, lo que permitirá un potencial ahorro de recursos del fondo de la Ley Ricarte Soto.
- Perfeccionamiento de la Comisión de Recomendación Priorizada: Se mejora su conformación y funcionamiento para mejorar la toma de decisiones.
Contexto y desafíos
Desde la entrada en vigencia de la Ley Ricarte Soto, la demanda por terapias de alto costo ha aumentado significativamente, muchas de ellas con precios que exceden el fondo disponible actualmente. Ante este escenario, la reforma propone una serie de medidas para cautelar un uso más eficiente de los recursos.
«Varias de las medidas que se incorporaron al proyecto de ley son para cautelar un uso más eficiente de los recursos y estar seguros de que se están destinando a tratamientos que superan el umbral de alto costo y que son seguros y eficaces», explicó la ministra Aguilera. «Esta medida en particular obliga a la Subsecretaría de Salud Pública a vigilar anualmente la variación de precios y los perfiles de seguridad y farmacovigilancia de los medicamentos», agregó.
Principales modificaciones del proyecto
El proyecto de ley propone modificar la Ley N°20.850 a través de un artículo único y tres disposiciones transitorias. Entre las principales modificaciones se encuentran:
- Comisión de Recomendación Priorizada: Reducción de integrantes de 14 a 7 miembros; posibilidad de sesiones remotas con quórum mínimo de 5 integrantes; actualización de normas sobre declaración de intereses; y establecimiento de dietas para comisionados.
- Elaboración y modificación de decretos: Inclusión del Ministerio de Salud en la elaboración del informe de sustentabilidad; aumento del límite de recursos del fondo de 80% a 90%; y posibilidad de modificaciones con neutralidad financiera.
- Revisión del Precio Máximo Industrial (PMI): Establecimiento de plazos para su publicación y actualización, y posibilidad de modificaciones ante cambios en el mercado.
- Aumento del aporte fiscal: Incremento del aporte fiscal anual de $100.000 millones a $185.000 millones.
- Fortalecimiento de la vigilancia: Nuevas funciones para la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, incluyendo la facultad de advertir sobre la necesidad de revisar la evidencia de tratamientos.
- Transición entre sistemas: Regulación del traspaso de tratamientos del Sistema de Protección Financiera al GES, con procedimientos claros para casos donde los tratamientos pierdan los requisitos necesarios.
