A cuatro meses de que la Contraloría revelara los casos de licencias médicas irregulares, los cálculos apuntan a un impacto económico considerable. Según estimaciones, tomando en cuenta una licencia promedio de 13,5 días y el subsidio diario correspondiente, el ahorro fiscal se ubicaría entre $153 mil millones y $172 mil millones. Dicho monto equivale a financiar la construcción de dos hospitales de tamaño medio o más de veinte CESFAM a lo largo del país.
El origen de este caso se remonta al 20 de mayo, cuando la Contraloría cruzó las licencias médicas de 2023 y 2024 con registros de movimientos migratorios, detectando que 25.078 funcionarios viajaron al extranjero durante sus periodos de reposo. Aquellos viajes estuvieron asociados a 35.585 licencias y 59.575 entradas y salidas del país. El 96% de estas correspondió a afiliados a Fonasa y un 31% a isapres.
La entidad liderada por Dorothy Pérez ofició a los organismos involucrados para iniciar sumarios, entregó antecedentes al Ministerio Público y anunció que replicará periódicamente este tipo de cruces. Incluso, en el Senado, la contralora pidió mayores facultades de fiscalización.
El impacto no se hizo esperar: más de 1.100 funcionarios renunciaron a inicios de junio, se realizaron sesiones especiales en el Congreso y la Fiscalía abrió una investigación de oficio. El primer barrido nacional (CIC 9) arrojó que Junji (2.280 casos), Fundación Integra (1.934) y la Municipalidad de Arica (719) lideraban las cifras, seguidos por hospitales como el San José (203), Félix Bulnes (195) y Barros Luco (188). Posteriormente, se identificaron también 2.982 casos en las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería y la PDI.
En los últimos días, la Contraloría dio a conocer nuevos antecedentes: 10.805 funcionarios públicos con labores regionales viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, lo que corresponde a 15.257 licencias y 26.606 movimientos de entrada o salida del país. A raíz de estos hallazgos, la entidad informó la apertura de 8.301 sumarios en el marco de los cinco Consolidados de Información Circularizada (CIC) emitidos hasta ahora.
Licencias en retroceso
El efecto ya se refleja en las estadísticas. Según la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en julio de 2025 el número de licencias médicas por enfermedad o accidente común cayó un 19,2% respecto al mismo mes del año pasado, aunque registró un alza de 3,2% frente a junio.
En el acumulado enero-julio, se emitieron 4.148.112 licencias con pronunciamiento, un 9,3% menos que en igual período de 2024. De ese total, las licencias de trabajadores afiliados a Fonasa disminuyeron en un 7,2% (3.502.344), mientras que las de los afiliados a isapres bajaron un 17% (645.768). Según la Suseso, este retroceso está vinculado tanto al informe de Contraloría (CIC N.º 9) como a las acciones de fiscalización desplegadas durante los últimos meses.
¿Cuánto ha ahorrado el Estado?
Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda y académico de la USS, estima que el gasto en licencias médicas del sector público equivale al 38% del total nacional, considerando Fonasa e isapres. Solo en 2023, el Estado desembolsó alrededor de US$1.540 millones en este concepto, de los cuales un 52% se destinó a funcionarios del Gobierno Central y un 48% al resto del sector público, incluidos los municipios.
Weber recalca que el promedio anual de días de licencia por funcionario público es de 33, más del doble que en el sector privado (15) y más del triple que en los trabajadores independientes (10,5). Con este diferencial, el sector público habría gastado en exceso cerca de US$740 millones en 2023 respecto de los patrones del mundo privado.
En esa línea, calcula que la caída de 9,3% en el número de licencias entre enero y julio habría significado un ahorro fiscal de más de US$80 millones en los primeros siete meses del año, con una proyección de hasta US$140 millones si la tendencia se mantiene hasta diciembre.
Por su parte, Nicolás Garrido, director del Instituto de Políticas Económicas de la UNAB, coincide en que la reducción de licencias ha generado un alivio fiscal, con un ahorro estimado entre $153 mil millones y $172 mil millones. “Esa cifra equivale a la construcción de dos hospitales medianos o de más de veinte CESFAM en diversas comunas del país”, subraya.
