El Segundo Informe de Caracterización del Gasto Público en Medicamentos, elaborado por la Escuela de Gobierno UC y la Cámara de la Innovación Farmacéutica, revela que el Estado cubre solo el 17% del gasto en fármacos, mientras que el 62% lo asumen los hogares. El estudio también advierte una baja en el gasto público y brechas territoriales entre los servicios de salud.
Santiago, 06 de octubre de 2025. En Chile, los hogares asumen el 62% del gasto en medicamento y existen brechas territoriales de gasto público en medicamentos entre los distintos servicios de salud del país. Estos son parte de los hallazgos del Segundo Informe de Caracterización del Gasto Público en Medicamentos, realizado por la Escuela de Gobierno UC y la Cámara de la Innovación Farmacéutica.
El estudio, presentado por el investigador Benjamín Ahumada, mostró que el gasto total en salud en Chile alcanza al 10,5% del PIB, donde solo el 0,46% del PIB corresponde al gasto público en medicamentos, mientras que en países de referencia como Portugal y España, este monto es del orden del 1,7% y 1,6% del PIB respectivamente, es decir tres veces más.
Estas cifras tienen un correlato en el gasto de bolsillo en Chile, donde el Estado solo financia el 17% del gasto en medicamentos, mientras que el 62% recae en las familias, constituyendo uno de los gastos de bolsillo más altos de la región, solo por debajo de México.
Adicionalmente, las cifras presentadas por Ahumada reflejan una disminución del gasto público en medicamentos de 2,3% en 2024, en particular en los servicios de salud, donde la baja fue de 7,3%. Los servicios de salud concentran entre 82% y 85% del gasto en medicamentos ejecutado entre la atención primaria municipal y los Servicios de Salud, de ahí la relevancia del descenso en este grupo.
En cuanto a las brechas de gasto en medicamentos entre los servicios de salud, estas han aumentado. Si en 2014, la brecha de gasto en medicamentos entre Servicios de Salud alcanzaba los $67.200 por beneficiario, con un mínimo de $28.400 en Chiloé y un máximo de $95.600 en el Servicio Metropolitano Oriente. En 2024, la diferencia
aumentó a $80.000 por beneficiario, variando entre $31.500 en Iquique y $112.300 en Magallanes.
Asimismo, los datos indican que iniciativas como la Ley Ricarte Soto han conseguido ordenar el gasto público en medicamentos, sin aumentarlo, y que mucho del incremento en el presupuesto de salud en años recientes ha ido al financiamiento de la operación (recursos humanos y mayores gastos asociados a la renovación de infraestructura).
En paralelo, en materia de judicialización, la última ejecución presupuestaria anual informada por FONASA fue de casi 90 mil millones de pesos (CLP$ 89.821.624.000), que equivale a lo considerado en el proyecto de ley de presupuesto para todo el programa de Drogas Oncológicas No GES -que incluye el programa de Drogas de Alto Costo (DAC)- que asciende a 91 mil millones de pesos (CLP$ 91.224.061.000)
Los senadores Juan Luis Castro y Francisco Chahuán, junto a Anamaria Arriagada, presidenta del Colegio Médico de Chile, y María Elisabeth Guesalaga, presidenta de la Fundación Mujeres por un lazo, analizaron los resultados en un panel de conversación moderado por Mariela Formas, vicepresidenta de la Cámara de la Innovación Farmacéutica.
La vicepresidenta de la CIF, Mariela Formas, comentó que el estudio vuelve a hacer énfasis sobre “el alto gasto de bolsillo de medicamentos que tenemos en el país, solo por debajo de México y muy por arriba de los otros países latinoamericanos. Eso tiene una causa raíz que es que los medicamentos no están incorporados en los planes ni públicos ni privados de salud y eso requiere reformas estructurales para que los medicamentos sean parte”.
Formas agregó que “este gasto de bolsillo que mide el gasto en medicamentos de uso común y crónico no está incluyendo los gastos que implican los medicamentos de alto costo, donde solo tenemos cobertura financiera en Ricarte Soto, que es bastante acotado, y en DAC, para el cáncer, que es aún menor. Y mientras tanto vemos como crece la judicialización sin que esos recursos sean incorporados para ampliar las coberturas”.
El senador Juan Luis Castro llamó la atención sobre la judicialización en el acceso a medicamentos de alto costo y recordó que un informe presentado hace dos semanas ante la comisión mixta de presupuesto indicó que el presupuesto 2025 contemplaba un monto de $28.000 millones para sentencias judiciales que ordenaran la cobertura de medicamentos de alto costo, pero que ya en el primer semestre se han pagado
$33.000 millones por este concepto, es decir, un 120% de lo previsto para todo el año y donde revisadas las cifras publicadas por la Dirección de Presupuestos al mes de agosto alcanza los $53.000 millones.
La importancia de avanzar en regulaciones que estimulen la investigación clínica para efectos farmacológicos en Chile fue uno de los puntos destacados por el senador Chahuán. El parlamentario también subrayó las brechas regionales en el acceso, y recordó que hay 60 comunas en el país que no tienen farmacias.
María Elisabeth Guesalaga, presidenta de la Fundación Mujeres por un lazo, comentó que la evaluación de las tecnologías sanitarias debe hacerse con una mirada amplia, que aborde aspectos como velocidad de la recuperación y reincorporación al mundo laboral, y en plazos que permitan llegar con terapias curativas.
La presidenta del Colegio Médico, Anamaria Arriagada, destacó que los países que han logrado disminuir el gasto para las personas lo han hecho mediante sistemas de seguros o con ajustes tributarios, dos vías que podrían explorarse en Chile.
Benjamín Ahumada, investigador a cargo del estudio, señaló que la fortaleza del sistema de salud chileno está en la calidad de sus registros de gasto, lo que abre la puerta a generar evidencia útil para la toma de decisiones. Enfatizó que, en la discusión presupuestaria, no basta con aumentar recursos, sino que es necesario orientar las propuestas hacia resultados verificables. El informe, fruto del trabajo conjunto de la Escuela de Gobierno de la PUC y la Cámara de Innovación Farmacéutica, apunta en esa dirección, promoviendo un gasto más equitativo entre regiones, más eficiente en las compras públicas y con impacto real en la reducción del gasto de bolsillo.
