La Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema de Chile resolvió acoger los recursos de protección presentados por Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción, instruyendo a las empresas de telecomunicaciones a bloquear de forma inmediata los sitios de apuestas online que operan sin autorización dentro del país.
Ambas entidades valoraron el fallo como una señal clara en favor del juego legal, regulado y socialmente responsable, en un momento especialmente sensible para el debate público sobre las apuestas digitales.
Alerta por el impacto social del juego ilegal
Desde Polla Chilena se enfatizó que estas plataformas carecen de respaldo jurídico y que su operación —incluida la intermediación— constituye una actividad ilícita. Según datos expuestos en el proceso, más de 3.800 sitios de apuestas ilegales estarían activos actualmente en Chile, muchos de ellos con presencia en medios tradicionales y con auspicios deportivos de alto presupuesto.
La preocupación no es solo legal. Las instituciones alertaron sobre un impacto social creciente: aumento de la ludopatía y una reducción drástica en la edad de inicio del juego problemático, que pasó de un promedio de 45 años a cifras cercanas a los 18.
“Cumplir la ley no es opcional”
Mario Parada, gerente general de Lotería de Concepción, subrayó que el fallo va más allá de un triunfo judicial puntual. A su juicio, se trata de una validación del compromiso histórico de la institución con la legalidad, la ética y la responsabilidad social.
Mientras los operadores regulados funcionan bajo fiscalización permanente, con certificaciones internacionales de Juego Responsable y con aportes directos a educación, salud y proyectos sociales, las plataformas ilegales —afirmó— actúan sin control, sin contribuir al país y debilitando la fe pública. “El mensaje es claro: en Chile, cumplir la normativa no es una opción, es una obligación”, señaló.
Jurisprudencia clara y deber de los proveedores de internet
En la misma línea, el abogado Gonzalo Cisternas, representante legal de Lotería de Concepción, recalcó que la Corte reafirma un criterio ya consolidado: operar apuestas online sin autorización es ilegal.
“No se requiere una sentencia distinta para cada sitio. La jurisprudencia es clara y los proveedores de internet tienen el deber de actuar frente a contenidos ilícitos, tal como lo hacen en casos de pornografía infantil o malware”, explicó. Según Cisternas, el fallo restablece el principio de legalidad y confirma que el recurso de protección es un mecanismo válido para resguardar los derechos constitucionales de los operadores legales.
Regulación en discusión y responsabilidad del mercado
Las instituciones coincidieron en que el fallo llega en un momento clave, cuando el Congreso Nacional discute un proyecto de ley para regular las apuestas online. En ese contexto, advirtieron que la futura normativa debe priorizar el interés público, evitando legitimar prácticas ilegales ya instaladas en el mercado.
Entre los puntos críticos mencionaron la necesidad de límites efectivos a la publicidad, sanciones proporcionales y mecanismos reales de reparación frente a los daños sociales provocados por el juego no regulado.
Elegir operadores responsables también es parte de la solución
Mientras el marco legal termina de definirse, los jugadores chilenos siguen recurriendo a plataformas digitales. En ese escenario, cobra especial relevancia optar por operadores que sí cumplen estándares internacionales, aplican políticas de juego responsable y operan con transparencia.
Casinos online como orobet.cl, que funcionan con licencia válida, proveedores auditados y controles claros de seguridad y verificación, representan una alternativa mucho más segura frente al ecosistema de sitios ilegales que hoy intenta contener el fallo de la Corte Suprema.
Compromiso con la legalidad y la transparencia
Tanto Polla Chilena de Beneficencia como Lotería de Concepción reiteraron su compromiso con la legalidad, la transparencia y el financiamiento de causas sociales. Principios que —advirtieron— se ven directamente amenazados por la proliferación de plataformas ilegales y por la falta de una regulación clara y moderna para el entorno digital.
