Hay derechos que se enuncian con facilidad en los textos normativos y se olvidan con igual rapidez en la práctica. El derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad es uno de ellos. En Chile, el aparato estatal destina recursos a garantizar movilidad: sillas de ruedas, rampas, órtesis. Pero existe otra dimensión del bienestar, igualmente humana, que permanece en un silencio incómodo: el derecho a la intimidad, al placer y a la autonomía afectiva y sexual.
Mientras ese silencio persiste en las políticas públicas, una fonoaudióloga chilena decidió no esperar. Fernanda Arenas, fundadora y CEO de Full Life —empresa que desarrolla la primera silla de apoyo a la sexualidad para personas con movilidad reducida fabricada en Chile, lleva años tocando puertas institucionales, educando a familias y alzando la voz en espacios académicos donde este debate recién empieza a tomar forma.
La cuenta pendiente: lo que el Estado no financia
En Chile, el apoyo estatal y las ayudas técnicas se han centrado históricamente en la movilidad. Se piensa en la silla de ruedas, en la rampa, en la órtesis. Si bien son vitales, son apenas la mitad de la solución. La otra mitad, la que toca el derecho a la intimidad, al placer y a la autonomía sexual, es la gran cuenta pendiente, sostiene Arenas en una columna publicada en este mismo Portal.
El diagnóstico es preciso y difícil de refutar. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas —ratificada por Chile en 2008— reconoce explícitamente el derecho a mantener la fertilidad, a acceder a información sobre planificación familiar y a decidir libremente sobre el propio cuerpo. Sin embargo, en la práctica cotidiana de las instituciones de rehabilitación, los centros de salud y las familias, este mandato se diluye bajo el peso del capacitismo y los tabúes.
La preocupación se agudiza al pensar en los jóvenes que pierden su movilidad súbitamente, en edades críticas como entre los 11 y 17 años, debido a un accidente o enfermedad. Antes de la lesión, gozaban de total autonomía corporal; de un día para otro, se ven forzados a una rehabilitación que se enfoca solo en la funcionalidad. El golpe psicológico es tremendo, generando frustración y, a menudo, depresión.
A esa fractura emocional se suma otra, cultural: la bienintencionada, pero dañina, infantilización por parte de algunos padres y cuidadores. Sin mala fe, y por una falta de educación, muchos ven a sus hijos con discapacidad como seres asexuados, negándo el espacio para explorar y vivir su sexualidad.
Full Life: innovación donde la política pública no llega
La empresa chilena Pura Vida realizó el lanzamiento de la silla Full Life 2025, una versión profundamente mejorada de su aclamada silla inclusiva, diseñada para garantizar la comodidad, autonomía y la vivencia plena de la sexualidad en personas con discapacidad física o movilidad reducida. El dispositivo, fabricado íntegramente en Chile, tiene una estructura de acero con ergonomía optimizada y está disponible en versión tradicional y versión XL para personas de mayor contextura.
La silla Full Life es una ayuda técnica certificada que simula el movimiento pélvico. No es solo una silla, es una herramienta de empoderamiento. Es la autonomía que se le devuelve al cuerpo para participar activamente en el acto sexual de forma segura, cómoda y digna.
La iniciativa no se queda en el producto. Arenas compartió el deseo de la empresa de donar sillas adaptadas y llevar su iniciativa a instituciones clave como la Teletón. Además, señaló que el camino hacia la inclusión ya ha comenzado a materializarse a nivel estatal: SENADIS en Chile inició un proyecto piloto que incluyó la adquisición de cinco sillas de Full Life para su distribución entre usuarios. Un primer paso, pequeño pero simbólico, que demuestra que la voluntad política puede materializarse cuando existe presión y propuesta desde la sociedad civil.
El debate llega a la academia
El pasado octubre de 2025, la conversación escaló hacia el mundo universitario. El Primer Congreso en Educación Sexual Integral (ESI 2025) reunió a expertos y organizaciones en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile durante los días 23, 24 y 25 de octubre, y contó con la destacada participación de Fernanda Arenas.
Desde el campus San Joaquín, la fundadora de Full Life planteó que la Educación Sexual Integral en Chile tiene una deuda específica con las personas con discapacidad física. Arenas afirmó que la sexualidad es parte de la vida cotidiana y no debe ser un tema restringido por limitaciones físicas, enfatizando que la discapacidad es una realidad que cualquiera puede enfrentar en algún momento, por lo que la educación y las herramientas que garantizan una vida íntima plena deben ser un derecho universal y accesible.
La presencia de Full Life en el ESI 2025 marca un hito: es la primera vez que una empresa chilena de tecnología inclusiva en sexualidad protagoniza un congreso académico de esta envergadura, sentando a la misma mesa a educadores, profesionales de la salud y activistas.
El llamado a las nuevas autoridades
Con un nuevo ciclo gubernamental en curso y las políticas de discapacidad bajo revisión, el sector exige que la salud sexual inclusiva deje de ser tratada como un asunto marginal o vergonzante. La hoja de ruta ya existe: la meta para 2026 es iniciar un cambio cultural y político, partiendo por los padres y madres, proponiendo a centros de rehabilitación como la Fundación Teletón la realización de talleres y charlas educativas dirigidas a los padres de jóvenes desde los 11 años.
El llamado al Ministerio de Salud, a SENADIS, al Ministerio de Desarrollo Social y a las Seremis de todo el país es concreto: una política pública que incorpore la salud sexual inclusiva y la promoción de ayudas técnicas, ya sea a través de subsidios, fondos concursables o programas de fundaciones, no solo aliviaría el alto costo del producto para muchas familias, sino que reconocería formalmente que la felicidad y la plenitud son parte de la recuperación.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el argumento es aún más contundente: ninguna política de inclusión puede considerarse integral mientras ignore que las personas con discapacidad son, también, seres sexuados con derecho a una vida afectiva plena. Ignorar esa dimensión no es neutralidad; es discriminación por omisión.
Full Life busca activamente alianzas con mutuales, universidades y explorar subsidios a través de FONASA para hacer su tecnología accesible a quienes más la necesitan. La voluntad privada existe. La pregunta que queda sobre la mesa —y que este Portal dirige a las nuevas autoridades— es si el Estado está dispuesto a acompañarla.
Más información sobre Full Life en somospuravida.cl
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