José Antonio Santander, director del Departamento de Derecho Económico y Laboral, destaca cambios clave de la nueva reforma y alerta sobre desafíos en su implementación.
Con un impacto directo en más de 2,8 millones de personas mayores en Chile, la nueva reforma de pensiones promete mejorar significativamente los montos de jubilación, con alzas estimadas entre un 14% y un 35%. Para el académico José Antonio Santander, director del Departamento de Derecho Económico y Laboral de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), se trata de un cambio estructural que marca un antes y un después en el sistema previsional chileno, pero que debe ser observado con cautela.
“La reforma establece un modelo mixto que combina el ahorro individual con un fuerte componente de solidaridad intergeneracional, lo cual es un paso relevante hacia un sistema más justo”, explica el académico. Entre las modificaciones más destacadas, Santander subraya el fortalecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que aumentará a $250.000 mensuales desde septiembre de 2025 para pensionados mayores de 82 años, y la creación de un nuevo Seguro Social que comenzará a pagarse en enero de 2026.
Este nuevo seguro contempla beneficios como la Compensación por Años Cotizados, con un aporte de 0,1 UF por cada año trabajado (hasta un tope de 2,5 UF), y un Bono por Expectativa de Vida para mujeres, destinado a reducir la brecha de género en las pensiones. A esto se suma una prestación con rentabilidad garantizada para quienes coticen de forma constante, lo que busca dar mayor seguridad a los trabajadores y trabajadoras en su etapa activa.
El especialista valora especialmente los mecanismos de reconocimiento a las trayectorias laborales femeninas. “El diseño incorpora una perspectiva de género que era urgente. Las mujeres viven más, pero enfrentan trayectorias laborales más interrumpidas, lo que termina traduciéndose en pensiones notablemente más bajas”, indicó.
Sin embargo, Santander también advierte sobre los desafíos que acompañan la implementación gradual del aumento en las cotizaciones. A partir de agosto de 2025, se comenzará a aplicar un nuevo aporte patronal que partirá con un 1% y escalará hasta llegar al 7%. “Este incremento progresivo del costo laboral, sin medidas complementarias para fomentar el empleo formal, podría tener efectos adversos en la contratación, especialmente entre los grupos más vulnerables como jóvenes y mujeres”, señaló el experto.
En este sentido, el académico de la UCSC asegura que ‘’la implementación gradual del aumento de cotizaciones podría tener efectos adversos en el empleo formal. Informes previos del gobierno y activaron que un aumento del 5% en la tasa de cotización podría crear una pérdida de hasta 400.000 empleos. Otros estudios advierten sobre un posible aumento de la informalidad laboral, especialmente mujeres, si las cargas sobre el empleador no se acompañan de medidas de fomento al empleo’’.
Otro punto clave, según el experto es la sostenibilidad a largo plazo del sistema. “El envejecimiento poblacional y la reducción de la fuerza laboral activa son variables que tensionan cualquier esquema previsional. Se requieren reformas paralelas en el mercado laboral que apunten a aumentar la productividad, formalizar el empleo y extender la vida laboral de manera digna y equitativa”.
En este contexto, el director del Departamento de Derecho Económico y Laboral, enfatiza que la reforma debe ir acompañada de un monitoreo permanente y ajustes oportunos. “No basta con una buena arquitectura normativa. Será fundamental evaluar su impacto real en las pensiones, el empleo y la equidad de género, para asegurar que el sistema cumpla con su propósito central: entregar pensiones dignas y sostenibles para todos los chilenos y chilenas”, concluyó.
Equipo Prensa Portal Red Salud
