El reciente discurso de la Cuenta Pública 2025 presentó avances relevantes en el ámbito de la salud, particularmente en acceso y garantías explícitas. Sin embargo, no se mencionó el rol de los entornos laborales en la promoción de salud alimentaria, pese a ser un componente clave de las políticas públicas.
Chile enfrenta una alarmante tasa de sobrepeso y obesidad (74,2% en población adulta, OCDE, 2019), con altos costos sanitarios y económicos. Según un estudio de Foqus Chile (García C, et al. 2023), cerrar la brecha entre alimentación real y óptima en los lugares de trabajo podría elevar el PIB en un 1% anual, reducir la mortalidad, aumentar la productividad y mejorar el bienestar general.
Sin embargo, en Chile la alimentación laboral sigue siendo un beneficio voluntario y no un derecho ni una política. Esta omisión profundiza inequidades, porque solo ciertos trabajadores acceden a una alimentación adecuada, mientras el entorno laboral continúa siendo muy poco saludable.
El espacio laboral puede ser determinante en la formación de hábitos alimentarios. No contar con políticas públicas en este ámbito es una oportunidad perdida para avanzar en equidad y prevención de las enfermedades crónicas, como obesidad, diabetes, cardiovasculares y cáncer.
La Estrategia Nacional de Salud 2021-2030, Ejes 1 y 2, establece como prioridad la reducción de factores de riesgo de enfermedades crónicas e impulsa la promoción de lugares de trabajo, hogares y comunidades saludables. Estas iniciativas pueden reducir en un 26% los costos de atención sanitaria para las empresas y disminuir en 27% el ausentismo laboral.
La reciente entrada en vigencia del Decreto Supremo N°44/2023 del Ministerio del Trabajo, abre una valiosa oportunidad para incorporar profesionales que capaciten a los trabajadores en temas de salud, incorporando la alimentación como un eje central del cuidado integral en el trabajo.
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Equipo Prensa
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