Por Cristian Muñoz, Socio fundador de Muñoz Abogados & Cia.
El uso fraudulento de licencias médicas ha dejado de ser un problema meramente laboral para instalarse como una preocupación de orden penal. En los últimos meses, distintos hechos han sacado a la luz una práctica que pone en jaque no sólo la relación entre empleadores y trabajadores, sino también la sostenibilidad del sistema de salud y la fe pública.
Tras el grave escándalo por la eventual existencia de una red de emisión irregular de licencias en el sector público, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) anunció un nuevo cruce de información, esta vez enfocado en el sector privado. La revisión abarcará a más de 2,8 millones de trabajadores, siendo uno de los principales focos, la detección de viajes realizados durante periodos de licencia médica, el cual, ha sido un indicio clave en investigaciones previas de esta índole.
El aumento sostenido en la emisión de licencias y los indicios de uso fraudulento, han llevado al Gobierno a ingresar al Congreso, un proyecto de ley que busca ajustar el sistema de otorgamiento. El objetivo es garantizar un empleo adecuado y eficiente de este beneficio, reforzando los controles y sancionando los abusos.
Aunque muchas veces se tiende a abordar el problema desde la óptica de las relaciones laborales, se advierte que estamos ante una conducta que puede tener consecuencias penales relevantes. Disponer de una licencia médica falsa no es sólo una falta al contrato de trabajo, puede constituir un delito grave, estamos hablando de figuras como la falsificación de instrumento público, el fraude al Fisco y eventualmente asociación ilícita si se detectan redes organizadas. Las sanciones penales pueden ir desde multas hasta penas privativas de libertad; además, los profesionales de la salud involucrados arriesgan la suspensión o pérdida de su licencia profesional, lo que implica una sanción severa.
Desde el punto de vista de las empresas, el uso indebido de licencias médicas también tiene impactos concretos, que pueden ser considerado una causal de despido por incumplimiento grave y, en algunos casos, se abren procesos administrativos ante la Dirección del Trabajo. Pero más allá de lo legal, el fenómeno erosiona la confianza dentro de las organizaciones y afecta directamente la productividad y la planificación operativa.
La situación ha abierto un debate necesario, sobre cómo fortalecer los mecanismos de control, sin poner en riesgo el legítimo acceso de los trabajadores a un derecho fundamental. Al mismo tiempo, plantea el desafío de sancionar con firmeza las conductas fraudulentas, entendiendo que el perjuicio no solo es económico, sino también social y ético.
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