Durante buena parte de junio se extenderá el trabajo de las comisiones de Preámbulo, Armonización y Normas Transitorias de la Convención Constitucional, en las cuales se está elaborando la versión definitiva del texto del borrador de la nueva Carta Magna, para su aprobación por parte del Pleno y la posterior ratificación o rechazo de la ciudadanía en el plebiscito de salida el 4 de septiembre de 2022.
Enfrentamos un momento crucial del proceso constituyente, sobre todo respecto de la labor de la comisión de Normas Transitorias, que delineará el itinerario de tránsito del antiguo al nuevo marco constitucional, definiendo cómo y cuándo se implementará esta transición, si es que triunfa la opción del “Apruebo”.
En el ámbito de la salud, el borrador de la nueva Constitución estipula -entre otras disposiciones- la creación de un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado, del que podrán formar parte prestadores públicos y privados. Este sistema se financiará a través de las rentas generales de la nación, existiendo la posibilidad de establecer el cobro de cotizaciones con el “sólo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema”. Este último punto implica la eventual desaparición de las Isapres tal cual como las conocemos hoy en día, las que podrían pasar a cumplir el rol de seguros complementarios.
Se trata, como se observa, de un cambio sustancial al modelo que actualmente rige en el país, que requiere del tiempo necesario y los procedimientos adecuados para que su implementación redunde verdaderamente en un mejoramiento de las condiciones de salud de la población. En este tránsito es necesario generar las condiciones para una efectiva integración de todos los actores que opera en el sistema, tanto públicos y privados. Como quedó demostrado con el abordaje de la pandemia de Covid 19, el trabajo conjunto y coordinado entre el sector público y el privado constituye una mixtura virtuosa que permite afrontar de forma oportuna y eficaz las principales problemáticas sanitarias. De hecho, en 2020 un 52,5% de las prestaciones privadas se entregó a pacientes Fonasa a través de Modalidad Libre Elección (MLE) o pago por Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD). De ellas, 58,2% correspondió a atenciones médicas, 50,65% a exámenes diagnósticos, 47,8% a procedimientos y 41,1% a intervenciones quirúrgicas (Dimensionamiento del sector de salud privado en Chile, 2020).
Desde nuestro ámbito de acción como Asociación de Dispositivos Médicos de Chile (ADIMECH), tenemos la convicción de que es imprescindible incentivar la innovación tecnológica en el campo de la salud, posibilitando la creciente incorporación de instrumentos, equipos o softwares en todo el ciclo de atención, pues esto permite fortalecer la prevención de enfermedades y su detección temprana, así como acceder a diagnósticos, tratamientos y procesos de rehabilitación de calidad y probada eficacia. Para avanzar en esa dirección, a su vez, se requiere contar con un ecosistema en el cual se estimulen las sinergias y los lazos cooperativos entre las diversas instituciones y agentes que forman parte de él, incluyendo al Ministerio de Salud, las municipalidades, los hospitales y clínicas privadas, las empresas proveedoras, las universidades y centros de investigación y las organizaciones de la sociedad civil.
En este momento en que se está discutiendo la manera en que se avanzará desde el actual al próximo ordenamiento constitucional, en caso de aprobarse el nuevo texto, nos parece imprescindible no olvidar un aspecto crucial: se deben generar las condiciones temporales y procedimentales que permitan desarrollar una plena y efectiva cooperación público-privada en el campo sanitario, diseñando un proceso de transición gradual y progresivo, donde predomine el diálogo entre todos los actores. Sólo así se podrá hacer realidad el derecho a la salud y bienestar integral para todas y todos los habitantes de nuestra patria, como señala el borrador de la nueva constitución.
Equipo Prensa Portal Red Salud
