Santiago, septiembre 2025: El Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local (INJPL) se dirige a la opinión pública para manifestar su profunda preocupación frente a los recientes debates legislativos, particularmente en lo referido a la aplicación de multas en el voto obligatorio en Chile.
Actualmente, los Juzgados de Policía Local enfrentan una grave falta de recursos humanos y materiales. Notificar infractores, realizar audiencias y cobrar multas ya es un desafío.
En este escenario, la incorporación de una nueva ola de causas vinculadas al incumplimiento del voto obligatorio colapsaría el sistema. Colapso que significa un uso ineficiente de los recursos materiales y humanos del Estado, ante la falta de una sanción eficaz
“Un voto obligatorio sin sanción eficaz termina siendo, en la práctica, un voto voluntario, a ello se suma la dificultad de ejecutar las sanciones: gran parte de los infractores nunca paga la multa y las órdenes de reclusión por sustitución o apremio suelen fracasar, transformando la sanción en letra muerta”, explicó Francisco Ríos Presidente INJPL.
Dos propuestas para una solución real
Desde el Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local (INJPL), plantean que el debate debe ir más allá de la simple fijación de multas y proponen alternativas concretas:
Registro Público de No Votantes: limitar el acceso a beneficios estatales, subsidios o trámites como renovación de licencia de conducir, certificados de antecedentes a quienes no cumplan con su deber electoral. De este modo, la sanción se aplicaría automáticamente, sin recargar a los Juzgados.
Más recursos o reasignación de funciones: Traspasar las multas para su cobro administrativo al Servicio Electoral (Servel) o en su defecto fortalecer y dotar a los Juzgados de Policía Local de los materiales y recursos necesarios para enfrentar esta carga adicional.
Llamado al legislador
El Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local (INJPL), hace un llamado a los parlamentarios y al Gobierno a legislar con sentido de realidad. Sin sanción efectiva, el voto obligatorio pierde sentido y la democracia se debilita. El país necesita un sistema que asegure la participación ciudadana, pero también que sea viable y justo en su aplicación.
“Si no se entregan herramientas eficaces para hacer cumplir la ley, el voto obligatorio será solo un eslogan. La ciudadanía necesita certezas, no promesas vacías”, concluyó Ríos.
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