Dra. Katiuska Reynaldos Grandón
Investigadora Instituto de Investigación del Cuidado en Salud (IICS)
Facultad de Enfermería U. Andrés Bello
Los debates sobre las problemáticas urbanas en las últimas décadas han girado en torno al crecimiento de las ciudades. Estas tendencias expansivas han generado una serie de características comunes, tales como la alta concentración de habitantes en las principales urbes, la deficiente incorporación de nuevas zonas urbanas, el incremento de la segregación socioespacial, y serias barreras para que grandes grupos sociales consigan acceder a suelo para una vivienda.
La vivienda es un derecho humano fundamental, esencial para la vida y el ejercicio de otras garantías, a pesar de esto, una gran parte de la población chilena carece de acceso a ella. Esta crisis tiene un carácter multisectorial y donde los gobiernos no han logrado ofrecer soluciones efectivas. Se trata también de una crisis moral porque la legislación actual prioriza el derecho a la propiedad privada, un derecho legítimo por encima de la necesidad básica y fundamental de tener un lugar donde vivir.
Dada esta falta de terrenos, se estima que más de 120.000 familias viven en campamentos en Chile, haciendo uso ilegal de terrenos también denominados “tomas”. El crecimiento de tomas ha aumentado significativamente desde 2019, con un crecimiento promedio anual del 30%. Algunas de estas tomas son consideradas «megatomas», con un gran número de habitantes, cercanas a 10.000 personas.
Ante este uso ilegal de terrenos, se solicita legalmente el desalojo de ellos, donde se agudiza su situación de vulnerabilidad e incertidumbre por la falta de una residencia. Este proceso afecta significativamente la salud de la población, provocando estrés crónico lo que debilita el sistema inmunológico y aumenta la vulnerabilidad a enfermedades físicas. Además, el desalojo puede generar problemas de salud mental y física por el desarraigo, la pérdida de redes de apoyo, el desplazamiento y la interrupción de la atención médica. La falta de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento, agravada por el desalojo, también pone en riesgo la salud pública en las zonas de reubicación.
Este problema es altamente complejo y multidimensional que debe ser abordado en forma inicial para evitar las consecuencias que hemos vivido. ¿Qué hacer ahora? En el caso de las secuelas en la salud, que las autoridades prioricen la implementación de medidas de salud pública para mitigar los efectos negativos del desalojo y a largo plazo generar planificación urbanística entre la generación de viviendas y la oferta de servicios sanitarios.
