Chile envejece rápido y, en ese contexto, cualquier mejora en las pensiones merece atención. A partir de enero de 2026 entrarán en vigor dos beneficios permanentes que, sin grandes consignas, pueden marcar una diferencia real en la vida de miles de jubilados. No son soluciones definitivas, pero sí pasos concretos que introducen algo inédito: el reconocimiento de la trayectoria laboral y la corrección parcial de la brecha de género en el cálculo previsional.
El primero de estos beneficios premia los años cotizados. Consiste en un aporte mensual adicional de 0,1 UF por cada año de cotización, con un tope de 2,5 UF. Para acceder, se exige un mínimo de 120 meses en el caso de las mujeres y 240 para los hombres, aplicable a pensionados por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros. Este incremento, que puede bordear los $100 mil mensuales, no es menor en un escenario donde las pensiones siguen siendo insuficientes, producto de trayectorias laborales fragmentadas y deficiencias estructurales del sistema.
El segundo beneficio apunta directamente a las mujeres y comienza a pagarse desde los 65 años. Reconoce que ellas viven más y que, en muchos casos, han cotizado de manera intermitente por asumir tareas de cuidado no remuneradas. No se trata de un gesto simbólico: es un ajuste que incorpora la variable de género en el corazón del cálculo previsional, algo que hasta ahora no existía.
Por supuesto, la discusión de fondo sigue pendiente: el nivel de cotización, el destino del 6% adicional, la suficiencia de la PGU y la arquitectura completa del sistema. Pero estos dos avances no deben pasar desapercibidos. Por primera vez, se considera la historia laboral completa y las diferencias de género como factores que merecen corrección.
La pregunta es simple: ¿quienes trabajaron toda su vida se sentirán más reconocidos al ver su próxima liquidación de pensión? Mi impresión es que sí. Y eso, aunque no resuelva todo, es un cambio que importa.
