Por Rodrigo Varela,
Gerente Legal de ALTO INMUNE
Las cifras son elocuentes y preocupantes. En el sector público chileno, más de 20 mil sumarios administrativos por uso indebido de licencias médicas siguen activos, sin una resolución definitiva. De un total de 22.954 investigaciones instruidas, solo el 10% ha concluido con una resolución, y apenas un 2,4% está completamente cerrado. En paralelo, el número de funcionarios involucrados asciende a 28 mil, de los cuales más de 23 mil continúan ejerciendo funciones.
Estos datos, contenidos en un reciente informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), evidencian un problema que va mucho más allá de la lentitud administrativa. La prolongación excesiva de los sumarios no solo afecta la eficiencia del Estado, sino que aumenta el riesgo de prescripción, debilita el efecto disuasivo del sistema disciplinario y erosiona la confianza pública en los mecanismos de control.
El desfase entre la apertura de un sumario y su cierre efectivo es hoy la principal debilidad del sistema. Menos del 10% de los procedimientos logra una resolución y cerca de 21 mil expedientes permanecen en tramitación, muchos de ellos por años. En la práctica, esto implica que conductas eventualmente irregulares quedan sin sanción o con un margen mínimo para aplicar medidas disciplinarias.
Existen casos en que los hechos ocurrieron hace varios años y recién fueron conocidos por los servicios públicos tras informes de la Contraloría. Cuando el sumario se inicia tardíamente, gran parte del plazo legal ya está consumido, dejando un espacio muy reducido para investigar, acreditar responsabilidades y sancionar. Cualquier retraso adicional puede terminar haciendo inviable la aplicación de una medida disciplinaria.
Al analizar estas cifras, es importante aclarar que la diferencia entre el número de funcionarios involucrados y los sumarios activos no constituye una inconsistencia. Responde a la propia estructura del proceso disciplinario, donde un mismo funcionario puede estar involucrado en más de un sumario, existen causas acumuladas, reaperturas o procedimientos en distintas etapas. El sumario es la unidad procedimental; el funcionario, la unidad de responsabilidad individual.
Sin embargo, más allá de la explicación técnica, el diagnóstico es claro: el sistema enfrenta limitaciones operativas y de gestión. La sobrecarga de casos, los procedimientos extensos y altamente formalizados, la falta de recursos humanos especializados, las dificultades probatorias y la débil gestión de plazos explican por qué una parte significativa de los sumarios permanece abierta indefinidamente.
Cuando 28 mil funcionarios están siendo investigados por el mal uso de licencias médicas, ya no estamos frente a hechos aislados. Se trata de una señal estructural de fallas en los controles preventivos y correctivos, con impactos directos en la probidad administrativa, la gestión del Estado y el gasto fiscal.
Fortalecer los mecanismos de control no es solo una medida punitiva. Es una herramienta esencial para desincentivar conductas indebidas, asegurar que existan consecuencias reales y proteger la legitimidad del sistema. Para ello, resulta urgente modernizar el sistema disciplinario, mejorar la gestión y priorización de causas, digitalizar procesos y establecer controles efectivos de plazos.
De lo contrario, el mensaje implícito es peligroso: que las irregularidades pueden diluirse en el tiempo. Y cuando eso ocurre, no solo se debilita el efecto disuasivo de los sumarios, sino también la capacidad del Estado para garantizar estándares básicos de cumplimiento y probidad.
