Dr. Mauricio Bonilla Sánchez
La tensión sobre los sistemas de salud en el mundo, crece día a día, nos envejecemos, con más comorbilidades con una esperanza de vida mayor, en la mitad un aumento en la prevalencia de la enfermedad mental, y dando sustento, menos profesionales especializados en las áreas más críticas (menos en relación a la demanda de servicios que no hace si no subir), es decir menos oferta médica en áreas de la salud mental, geriatría, cuidados paliativos.
Para el año 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 60 años, y para 2050 esa población se habrá duplicado, alcanzando los 2.100 millones de seres humanos en las edades que más demanda de servicios se exige. Es decir, el problema no es solo que seamos más, es que la brecha de atención es un abismo; la Organización Mundial de la Salud advierte que el déficit global de trabajadores sanitarios rozará los 10 millones en los próximos años, golpeando con en mayor medida a la psiquiatría y los cuidados paliativos, donde en muchos países en desarrollo apenas hay un especialista por cada 100.000 habitantes.
Sostener este escenario es financieramente inviable para los presupuestos públicos actuales. La crisis del financiamiento no es una amenaza futura, es una realidad hoy: el gasto en salud crece a un ritmo infinitamente mayor que el Producto Interior Bruto de las naciones, dejando a su paso, la constante incógnita de cómo lo superaremos.
Mirar a España y a Chile es observar esta complejidad en tiempo real, dos realidades geográficas unidas por la misma crisis estructural. España se consolida como uno de los países más envejecidos del mundo, donde ya más del 20% de la población supera los 65 años y las proyecciones oficiales advierten que para 2050 una de cada tres personas será una persona mayor, el sistema público arrastra un déficit crónico de psicólogos clínicos (apenas 6 por cada 100.000 habitantes, tres veces menos que la media europea) y una alarmante falta de plazas acreditadas en geriatría y paliativos. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) denuncia que el país cuenta apenas con 0,9 recursos especializados por cada 100.000 habitantes, muy lejos de las recomendaciones internacionales; una escasez crónica que se visibiliza en más de 80.000 personas no acceden a una atención paliativa adecuada.
Si miramos otra regiones, Chile lidera de forma dramática el envejecimiento en América Latina con una esperanza de vida que supera los 80 años, pero con una paradoja compleja: el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) proyecta que para 2035 los mayores de 60 años representarán casi un tercio del país, mientras los trastornos depresivos ya afectan a cerca del 15% de su población mayor y el acceso a paliativos no oncológicos sigue siendo una quimera en parte por la centralización de los pocos especialistas existentes.
En ambos países, la salud mental del final de la vida se ha convertido en un artículo de lujo que depende del código postal o de la capacidad de pago de la familia, demostrando que la crisis de financiamiento no solo fractura las arcas del Estado, sino que desmantela el derecho a morir con dignidad.
Esta parálisis no es una percepción teórica, sino un diagnóstico oficial; el informe «SE6_7-Sanitat_Diagnosi-i-Tendencies-del-sector.pdf» de la Generalitat de Catalunya lo reconoce abiertamente al catalogar tanto la «atención geriátrica paliativa» como la «especialización en salud mental» dentro de las competencias de más difícil cobertura en el mercado laboral actual. Es más que claro que las transformaciones demográficas exigen un giro radical hacia el cuidado de la cronicidad y el soporte emocional, la pero la oferta formativa oficial sigue hiperconcentrada en la respuesta técnica y procedimental tradicional, dejando el acompañamiento en el sufrimiento psíquico y el duelo relegado a meras especialidades marginales. Es ante este vacío absoluto de manos especializadas para contener el dolor del final de la vida donde la digitalización y las consultas virtuales dejan de ser una opción tecnológica sofisticada y se convierten, por defecto, en una estrategia plausible y eficaz para un modelo que ya no da abasto.
En el escenario chileno, la reciente alerta pública de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos de Chile sobre los oficios ministeriales de Hacienda que ponían en riesgo el financiamiento del programa universal, sumada al congelamiento de insumos por deudas hospitalarias, demuestra fallas estructurales que ponen en riesgo a pacientes vulnerables; una ley no multiplica por decreto a los especialistas que el territorio exige.
Es precisamente en este punto de quiebre donde la telemedicina en salud mental debe dejar de ser abordada como una medida de emergencia ante la precariedad, y comenzar a entenderse como un nodo estratégico dentro del ecosistema de innovación pública en salud. El desafío de la Ley 21.375 no es de financiamiento lineal, sino de arquitectura de procesos. Chile cuenta con la madurez institucional y tecnológica para transicionar hacia un modelo híbrido y descentralizado; el problema radica en que el sistema de innovación chileno ha priorizado la digitalización administrativa por sobre la interoperabilidad y el despliegue de telemedicina especializada de alta complejidad en la atención primaria. Utilizar la salud digital en la psicoterapia y psiquiatría paliativa no implica deshumanizar el final de la vida, sino sofisticar el alcance de la red asistencial. El ecosistema de innovación sanitaria chileno es capaz de articular estas plataformas para optimizar de forma inteligente el escaso capital humano disponible, el derecho universal a no sufrir mo debe ser siendo un privilegio geográfico inalcanzable.
