La alimentación inadecuada es responsable de 11 millones de muertes al año a nivel global, según datos del Global Burden of Disease (GBD, 2020). Desde una perspectiva de salud pública, la nutrición y la alimentación constituyen pilares fundamentales para la promoción y prevención en salud. En este contexto, las políticas públicas han desarrollado históricamente programas orientados a distintos grupos de la población, como la entrega de alimentos a niños, niñas y adolescentes, así como apoyos específicos para embarazadas y personas mayores.
Sin embargo, los trabajadores han sido una población escasamente considerada dentro de estas estrategias.
En Chile, el 74% de la población entre 15 y 65 años presenta sobrepeso u obesidad, coincidiendo con gran parte de la población laboralmente activa. Frente a este escenario, surge una pregunta relevante: ¿cómo estamos enfrentando los problemas de malnutrición en los trabajadores?
La evidencia sobre alimentación laboral en Chile es limitada y, en muchos casos, desactualizada. Aun así, los pocos antecedentes disponibles muestran señales preocupantes. Un estudio de la OIT (2012) reportó que cerca del 30% de los trabajadores declara no almorzar por falta de tiempo o dinero, mientras más del 40% no tiene acceso a una oferta alimentaria adecuada durante la jornada laboral.
Diversas investigaciones han mostrado que factores como el tiempo disponible para almorzar, el acceso a alimentos saludables y las condiciones del entorno laboral influyen directamente en los hábitos y prácticas alimentarias de los trabajadores. Más allá de las decisiones individuales, el contexto laboral define cómo, cuándo y con quién se come. Estas prácticas responden a realidades asociadas al tipo de empleo, el sector económico y la cultura organizacional, determinando las posibilidades reales de alimentarse adecuadamente.
Esta heterogeneidad, propia del mundo laboral, configura una desigualdad en el acceso a una alimentación adecuada y, por lo tanto, un problema de salud pública. La evidencia es clara: los problemas asociados a hábitos alimentarios no saludables generan importantes costos económicos y sociales. Por una parte, aumentan el gasto en salud; por otra, afectan la productividad debido al ausentismo y al deterioro del bienestar de los trabajadores.
A pesar de ello, la alimentación en el trabajo continúa tratándose principalmente como un beneficio, más que como una condición laboral. Mientras algunos trabajadores cuentan con espacios adecuados, tiempos protegidos y acceso a alimentación, otros enfrentan restricciones significativas que condicionan su alimentación cotidiana.
Avanzar en esta materia requiere superar la lógica del “beneficio de alimentación” y transitar hacia un enfoque de condiciones laborales, incorporando estándares mínimos que aseguren tiempos adecuados para comer, espacios habilitados y una oferta alimentaria accesible y de calidad.
Incorporar la alimentación dentro de las condiciones laborales no es solo una medida de bienestar individual. Es también una política de salud pública y una inversión social y económica. En un contexto donde el país enfrenta crecientes desafíos asociados a enfermedades crónicas y obesidad, seguir postergando esta discusión resulta cada vez más difícil de justificar.
La pregunta, entonces, no es si este tema debe formar parte de la agenda laboral, sino cuánto tiempo más estamos dispuestos a considerarlo un aspecto secundario del trabajo.
Paula Núñez Arrau
Nutricionista
Integrante de la Mesa de Diálogos por una Alimentación Laboral
