Este año, la lucha global contra el VIH presenció un avance que muchos describen como histórico: la Organización Mundial de la Salud recomendó el uso de Lenacapavir inyectable dos veces al año como nueva profilaxis preexposición (PrEP). Es el mayor salto tecnológico en prevención en décadas. Lo verdaderamente inédito es que su despliegue comenzó simultáneamente en Zambia, Eswatini, Nueva York y Londres, rompiendo la lógica de que las innovaciones biomédicas llegan tarde, o nunca, a los países de ingresos medios y bajos.
Sin embargo, mientras este avance se abre paso en el mundo, Chile y la mayoría de América Latina continúan sin acceso. Y la brecha no es sólo técnica, es política, económica y ética. Lenacapavir podría cambiar la vida de personas que hoy tienen dificultades para adherir diariamente a la PrEP oral, un factor clave en la persistencia de nuevas infecciones. El precio actual, 23.000 euros por persona al año, cerca de 24,7 millones de pesos chilenos, hace evidente la urgencia de mecanismos de acceso justos, especialmente en una región donde las desigualdades en salud se expresan con crudeza. Si Chile formará parte de los acuerdos de acceso, para el 2027, el valor serían 34 euros al año ($36.639).
La evidencia científica subraya la magnitud de la oportunidad. Un reciente estudio publicado en The Lancet señala que Lenacapavir, inhibidor de la cápside de acción prolongada, pionero en su clase, presenta una eficacia cercana al 100% en la prevención del VIH. La posibilidad de una herramienta preventiva semestral, altamente efectiva, discreta y con mejores resultados de adherencia, puede transformar el panorama epidemiológico de América Latina. Pero para que ese potencial se cumpla, debe llegar a quienes más lo necesitan.
Hoy, el mayor obstáculo es el acceso. Gilead ha incluido en sus convenios de acceso solo a Bolivia, Cuba, República Dominicana, Honduras y Nicaragua, dejando fuera al 90% de la población latinoamericana, justamente donde se concentra la vasta mayoría de nuevos casos. Chile tampoco ha sido considerado, pese a que Gilead comercializa sus productos en el país a través de Gador Ltda., lo que evidencia que la exclusión no se explica por ausencia de presencia comercial, sino por decisiones de acceso que profundizan las inequidades regionales. La región queda, nuevamente, relegada a la condición de espectadora del progreso biomédico.
Esta exclusión evidencia una falla estructural. América Latina negocia fragmentada, país por país, debilitando su poder frente a la industria farmacéutica. Lo que hoy se necesita no es solo voluntad técnica, sino voluntad política.
Este es un momento decisivo. La ciencia ya entregó la herramienta; ahora corresponde a los Estados garantizar que se convierta en política pública. No podemos repetir la historia en que los avances llegan, pero demasiado tarde. Lenacapavir marca un antes y un después. La pregunta es si América Latina será parte de ese futuro o si nuevamente quedará atrás.
