Dr. Marcelo Garrido, oncólogo y director médico del Centro de Estudios Clínicos SAGA
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Durante años, Chile fue reconocido como uno de los países más competitivos de Latinoamérica en investigación clínica. Hasta 2024 liderábamos la región en número de estudios clínicos por millón de habitantes, gracias a un ecosistema que combinaba capacidad médica, estándares internacionales y procesos regulatorios ágiles. Ese posicionamiento no solo representaba prestigio científico, si no que significaba oportunidades concretas para miles de pacientes que podían acceder tempranamente a terapias innovadoras.
Hoy, ese liderazgo está debilitado. El aumento sostenido de los tiempos regulatorios para aprobar estudios clínicos por parte del Instituto de Salud Pública (ISP) está generando un impacto real en la competitividad del país. Procesos que demoraban cerca de 50 días hoy superan los tres meses, afectando la llegada de nuevas investigaciones y reduciendo el interés de patrocinadores internacionales por desarrollar estudios en Chile.
Puede parecer una discusión técnica o administrativa, pero sus consecuencias son profundamente humanas. En 2024 se aprobaron 147 estudios clínicos y en 2025 la cifra llegó a 143. Aunque la diferencia parece menor, los estudios aprobados ese año enfrentaron tiempos regulatorios superiores a los tres meses. En investigación clínica, donde los tiempos son decisivos, es evidente que con procesos más ágiles Chile podría haber atraído aún más estudios y oportunidades para los pacientes.
En áreas como la oncología, donde el tiempo puede marcar la diferencia entre avanzar o no en una enfermedad, los estudios clínicos representan mucho más que investigación. Son una alternativa terapéutica para pacientes que muchas veces ya agotaron otras opciones. Son acceso temprano a medicamentos de última generación. Y son también una forma de construir el futuro de la medicina.
Chile enfrenta actualmente una realidad sanitaria compleja. El cáncer continúa siendo la principal causa de muerte en el país y según datos obtenidos de Globocan, existen cerca de 60 mil nuevos diagnósticos y alrededor de 30 mil fallecimientos anuales. A esto se suman listas de espera oncológicas que en algunos casos superan los siete meses. En ese escenario, limitar o retrasar el desarrollo de investigación clínica significa también restringir oportunidades para quienes necesitan nuevas alternativas de tratamiento.
La investigación clínica genera además un impacto positivo mucho más amplio. Fortalece capacidades médicas, impulsa inversión en salud, fomenta transferencia de conocimiento y posiciona al país dentro de las redes internacionales de innovación biomédica. Cuando un estudio deja de realizarse en Chile por retrasos regulatorios, no solo se pierde una inversión: se pierde experiencia, desarrollo científico y acceso.
Por eso, recuperar la agilidad regulatoria debe transformarse en una prioridad. Esto no implica disminuir estándares de seguridad ni flexibilizar exigencias técnicas. Por el contrario, significa fortalecer la capacidad institucional para responder con eficiencia, manteniendo el rigor que requieren este tipo de procesos.
Chile tiene las condiciones para seguir siendo un referente regional en investigación clínica. Cuenta con profesionales altamente capacitados, centros especializados y experiencia acumulada durante años. Pero ese liderazgo no es permanente ni automático. En un contexto global altamente competitivo, los países que no logran adaptarse rápidamente terminan quedando fuera de las principales redes de innovación.
La discusión sobre investigación clínica no puede limitarse únicamente al ámbito científico. También es una conversación sobre acceso, equidad y futuro. Porque detrás de cada estudio hay pacientes esperando una oportunidad que muchas veces no puede esperar meses adicionales.
