- Un informe elaborado por Lenz Consultores y Boehringer Ingelheim, analizó la carga económica del ataque cerebrovascular en Chile. El documento cuantifica los costos directos e indirectos asociados al ACV y evalúa el impacto del acceso a trombolisis y telemedicina en la reducción de secuelas y gastos para las familias y el Estado.
Santiago de Chile, marzo de 2026 – El ataque cerebrovascular (ACV) es hoy la principal causa de discapacidad en adultos en Chile y la segunda causa de muerte. Cada año, alrededor de 40.000 personas sufren un ACV en el país, y la mayoría no recibe un tratamiento oportuno, quedando con secuelas cuya carga médica, social y económica recae mayoritariamente en los hogares.
El informe Costo del ACV en Chile, elaborado por Lenz Consultores y Boehringer Ingelheim, evidencia que el impacto económico para el Estado en materia de ACV, supera los $307 mil millones anuales en total, considerando tanto costos directos (como hospitalización, tratamientos y rehabilitación) como indirectos (relacionados con pérdida de productividad, dependencia e institucionalización).
De cada $1.000 gastados en atención y cuidados del ACV, $600 provienen de las familias, que asumen la mayor proporción del gasto. Según el estudio, en un plazo de cinco años, un hogar a cargo de un sobreviviente con secuelas debe destinar el equivalente a dos años de su ingreso familiar para cubrir los costos de cuidado.
Brechas de acceso y desigualdad territorial
El análisis identifica 32.299 nuevos casos GES de ACV en 2023 sólo en el sistema público, donde cada 11 minutos una persona ingresa a urgencias por esta causa. Sin embargo, el acceso a trombolisis, el tratamiento que más reduce discapacidad y muerte, sigue siendo limitado: solo 1.329 pacientes reciben este procedimiento al año en hospitales de alta y mediana complejidad.
Las diferencias territoriales son profundas. La región de Ñuble alcanza un 19.5% de acceso a trombolisis, mientras que Arica, Tarapacá y Antofagasta no superan el 2%. Entre quienes no reciben este tratamiento, se estima que el 15% requerirá cuidados familiares de largo plazo debido a sus secuelas.
El estudio muestra además un efecto directo del acceso al tratamiento sobre la carga económica que enfrentan los hogares: cuando un paciente recibe trombolisis, el gasto familiar de largo plazo se reduce en un 12%.
Duplicar la trombolisis: un cambio posible y sin costo adicional
Uno de los hallazgos centrales del informe es que aumentar al doble la cobertura de trombolisis (pasar de 1.400 pacientes a más de 3.300 al año) no tendría costos adicionales para el país. Por el contrario, significaría ahorros estimados en $1.200 millones para el sistema de salud.
Si la cobertura aumentara 2.4 veces, el estudio proyecta menores tasas de discapacidad y un impacto significativamente menor para las familias, que podrían ahorrar en conjunto $5.400 millones.
Cuatro medidas prioritarias para reducir discapacidad, muertes y costos
El informe propone cuatro medidas costo – efectivas que permitirán mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno del ACV:
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Disponibilidad de neurólogos 24/7
Asegurar la presencia permanente de especialistas en los principales centros de alta complejidad, dado que el tratamiento del ACV depende del tiempo y del diagnóstico experto.
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Fortalecimiento del sistema TeleACV
Expandir territorialmente la telemedicina, asegurar equipamiento y financiamiento permanente, y permitir apoyo inmediato de neurólogos a hospitales sin especialistas.
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Capacitación y certificación de urgenciólogos para trombolisis
Autorizar a médicos de urgencia entrenados a realizar trombolisis, especialmente en lugares donde no hay neurólogos disponibles.
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Glosa especial en la Ley de Presupuestos
Para financiar de manera estable la contratación de neurólogos, el fortalecimiento del TeleACV, programas de formación y campañas de educación comunitaria sobre síntomas y reacción rápida.
Impacto esperado
Según el estudio, aumentar el acceso a trombolisis al 20% permitirá reducir la discapacidad severa y la mortalidad. También se proyecta una disminución superior al 30% en los costos de rehabilitación y cuidados prolongados, con una menor carga económica y social para miles de familias, así como una reducción en los niveles de institucionalización y dependencia severa.
Además, el informe señala la necesidad de avanzar hacia modelos de pago basados en resultados clínicos para hospitales públicos, incorporando mecanismos como GRD y pago por resultados clínicos que incentiven mejores desenlaces para la población.
Con estos resultados, el estudio plantea que ampliar el acceso a trombolisis y fortalecer la telemedicina permitiría disminuir secuelas severas, reducir la carga económica sobre los hogares y generar un uso más eficiente de los recursos en el sistema público de salud.
