Una de las investigadoras que ayudaron a ampliar el diagnóstico de autismo acaba de proponer lo contrario. Uta Frith, pionera en la materia desde los sesenta, sostiene que el concepto creció tanto que llegó a su «colapso»: hoy reúne bajo un mismo nombre realidades demasiado distintas. Su propuesta es reservar la palabra «autismo» para quienes son identificados en la primera infancia y dejar fuera al grupo que más crece: adolescentes y jóvenes diagnosticados tarde, entre ellos muchas mujeres.
Conviene decirlo claro, porque la alarma ya llegó a consultas y escuelas: no ha cambiado nada. Los manuales mantienen sus criterios y nadie perdió su diagnóstico. Pero cuando una voz de ese peso propone rehacer los límites, la discusión se mueve sola. Y antes de que se mueva, alguien debería preguntar: ¿qué pasa con quienes queden al otro lado?
Requerir menos apoyos no significa no necesitarlos. Hay personas autistas que estudian y trabajan, pero terminan el día agotadas de descifrar lo que a otros les resulta obvio. Muchas mujeres autistas aprendieron desde niñas a camuflarse: imitar gestos, ensayar conversaciones, esconder lo que las hacía distintas. Hacia afuera parecían adaptadas; hacia adentro cargaban con el desgaste de sostenerlo. Quienes llegan al diagnóstico ya adultas lo dicen simple: «por fin entendí que no era culpa mía».
No confundamos la capacidad de ocultar una dificultad con su ausencia, ni la usemos para devolverlas a la invisibilidad. En Chile eso pesa doble: el diagnóstico no solo explica, habilita. Más de 50 mil estudiantes autistas están hoy en Programas de Integración Escolar. Nadie sabe cuántos quedarían fuera ni quién garantizaría esos servicios. En las escuelas la escena se repite: «sin el informe, no podemos activar los apoyos».
Y esto ocurre cuando recién empezamos: la Ley de Autismo de 2023 fue un avance histórico, pero faltan profesionales y adecuaciones, y en muchas aulas el autismo se confunde con mala conducta. Sería paradójico que, justo cuando empezamos a reconocer lo que ignoramos por décadas, una nueva frontera los devolviera al lugar del que recién están saliendo.
Nada de esto compite con quienes necesitan ayuda permanente e intensa. Ellos y sus familias llevan décadas esperando aulas que los reciban, trabajos que los contraten, una vejez con red. Pero pagar esa deuda quitándole el reconocimiento a otro grupo no es justicia: es administrar la escasez y llamarla criterio clínico.
Si algo debiéramos discutir, no es a quién sacamos de la categoría, sino por qué un niño necesita un certificado para que alguien lo ayude en su sala de clases. La ciencia puede mover las fronteras de un diagnóstico. Lo que una sociedad no debería permitir es que, al moverlas, deje fuera de los apoyos a los que aún tanto lo necesitan.
