Cada 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental nos invita a hablar de bienestar, prevención y acceso a tratamiento. En Chile, esa conversación no puede separarse de una preocupación central para miles de familias: el empleo.
La desocupación alcanzó un 9,6% en el trimestre junio-agosto de 2026, su nivel más alto desde 2021. Detrás de esa cifra hay personas que han perdido ingresos, estabilidad y certezas, o que llevan meses intentando reinsertarse laboralmente.
El último Termómetro de Salud Mental Achs-UC advierte que un 18,5% de las personas presenta sospecha o presencia de problemas de salud mental, 5,8 puntos más que en 2025. Entre quienes están desempleados, el insomnio moderado o severo llega al 21,5%, frente al 12,8% de quienes tienen trabajo. A esto se suma la incertidumbre ante la automatización y la inteligencia artificial.
Estar sin empleo no significa únicamente perder ingresos: también puede afectar las rutinas, los vínculos sociales, la autonomía y la sensación de seguridad. Por eso, el desempleo no puede abordarse solo desde los indicadores económicos.
Las empresas tenemos un rol económico y social. Debemos generar empleos de calidad, pero también prevenir riesgos de salud mental, capacitar a los equipos para reconocer señales de alerta y facilitar el acceso oportuno a apoyo. No basta con ofrecer programas: deben ser conocidos, accesibles y respaldados por una cultura donde pedir ayuda no sea visto como debilidad.
En nuestro caso, trabajamos desde una premisa: personas que protegen personas. Con nuestro programa Protege+ articulamos redes de apoyo para colaboradores y sus familias en salud mental y física, bienestar financiero y orientación legal. Sabemos, sin embargo, que el desafío es colectivo.
Las empresas no podemos resolver por sí solas el desempleo ni la crisis de salud mental. Pero sí podemos decidir qué organizaciones construimos: unas que sepan anticiparse, acompañar y cuidar a quienes todos los días cuidan de otros.
