La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y pasó a segundo trámite constitucional. Propone exigir mecanismos alternativos de identificación para personas mayores y personas con discapacidad que tengan dificultades para validar su identidad mediante huella dactilar.

La digitalización de los servicios de salud y de los trámites asociados a la atención ha facilitado numerosos procesos, pero también plantea desafíos para quienes no pueden utilizar determinados sistemas tecnológicos. Frente a esta realidad, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que busca garantizar alternativas de autenticación biométrica para personas mayores y personas con discapacidad que presenten dificultades para identificarse mediante huella dactilar.

La iniciativa, correspondiente al boletín 17765-35, obtuvo 140 votos a favor y uno en contra, y fue despachada a segundo trámite constitucional.

La propuesta apunta a evitar que las dificultades para registrar o reconocer una huella dactilar impidan acceder a prestaciones, realizar trámites o recibir atención en instituciones públicas y privadas. Entre los sectores considerados se encuentra el de la salud, junto con los ámbitos financiero y previsional.

Alternativas de identificación para facilitar el acceso

El proyecto establece que los sistemas de autenticación basados en huella dactilar deberán disponer de mecanismos alternativos que respondan a criterios de accesibilidad universal, equidad territorial y disponibilidad efectiva.

La medida adquiere especial relevancia para las personas mayores que presentan dificultades de reconocimiento dactilar debido a distintas condiciones asociadas al envejecimiento o al deterioro de las huellas por actividades laborales desarrolladas durante años. También considera las necesidades de las personas con discapacidad que enfrentan obstáculos para completar estos procedimientos.

En el ámbito sanitario, contar con alternativas de identificación puede contribuir a reducir dificultades al momento de realizar trámites administrativos o acceder a servicios que requieren verificar la identidad del usuario. El alcance concreto de estas medidas dependerá de la implementación que establezca la normativa, si el proyecto completa su tramitación legislativa.

Sin obligación de contar con internet o dispositivos propios

Uno de los aspectos relevantes de la iniciativa es que las personas no podrán ser obligadas a disponer de conexión a internet, teléfonos inteligentes u otros dispositivos tecnológicos personales para utilizar los mecanismos alternativos.

Asimismo, los organismos públicos y las entidades privadas sujetas a la obligación deberán promover acciones de información, orientación y apoyo para facilitar el uso de plataformas digitales por parte de personas mayores y personas con discapacidad.

El texto también considera las diferencias territoriales, con especial atención a zonas rurales, aisladas o con conectividad limitada. De esta forma, busca que la disponibilidad de una alternativa de identificación no dependa exclusivamente de las condiciones tecnológicas del lugar donde vive el usuario.

Protección de datos y condiciones de implementación

La propuesta contempla que el tratamiento de los datos personales y biométricos obtenidos mediante estos mecanismos se ajuste a la legislación vigente y a principios de finalidad, proporcionalidad, confidencialidad y seguridad.

Además, dispone que un reglamento determine las tecnologías que podrán utilizarse cuando la cédula de identidad registre ausencia de huella o se produzcan cinco intentos fallidos de reconocimiento dactilar.

Entre los criterios previstos se incluyen la gratuidad de los mecanismos para los usuarios, la interoperabilidad entre organismos del Estado, la accesibilidad en territorios con baja conectividad y la entrega de información y asistencia en formatos accesibles.

Durante el debate parlamentario se planteó que los avances en identificación tecnológica deben acompañarse de medidas que eviten nuevas formas de exclusión. La discusión puso especial atención en las personas que, por su trayectoria laboral o sus condiciones particulares, encuentran dificultades para utilizar sistemas de reconocimiento dactilar.

La iniciativa continuará ahora su tramitación en el Senado. Su eventual aplicación podría contribuir a avanzar hacia procedimientos de identificación más inclusivos, especialmente para quienes necesitan acceder a servicios esenciales sin que una barrera tecnológica se convierta en un impedimento.