Ampliar el acceso a medicamentos en localidades rurales es una necesidad, pero flexibilizar los requisitos para dirigir una farmacia podría reducir las garantías sanitarias para los pacientes. Así lo advierte Fernando Torres, director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello (UNAB), frente al proyecto que busca permitir que profesionales o técnicos de nivel superior del área de la salud, con formación específica, puedan asumir esa función.
La iniciativa del diputado Diego Vergara, del Partido Republicano, apunta a facilitar la instalación de farmacias en comunas y sectores rurales donde la oferta es insuficiente. Entre sus argumentos, el parlamentario sostiene que los costos asociados a la contratación de un químico farmacéutico dificultan la operación de estos establecimientos en zonas de baja demanda.
Torres reconoce la necesidad de responder a esta brecha, pero plantea que la solución debe considerar tanto la disponibilidad de medicamentos como la seguridad de quienes los utilizan.
“Acercar los medicamentos a las localidades rurales es una necesidad que requiere respuestas concretas”, señala. Sin embargo, enfatiza que “la presencia del químico farmacéutico, profesional de la salud, es una garantía sanitaria esencial”.
El rol sanitario de las farmacias
Para el académico, la función de estos establecimientos va más allá de la venta de medicamentos. Por su cercanía y accesibilidad, muchas veces representan el primer punto de contacto de las personas con un profesional de la salud, donde pueden resolver dudas sobre sus tratamientos, recibir orientación y reconocer síntomas que requieren una evaluación médica.
El químico farmacéutico también cumple un papel en la revisión de recetas, la evaluación de dosis, la identificación de contraindicaciones y la detección de interacciones entre medicamentos. Por ejemplo, el uso simultáneo de anticoagulantes y antiinflamatorios no esteroideos puede aumentar el riesgo de hemorragias, una situación que requiere identificar oportunamente para prevenir complicaciones.
A estas tareas se suma la supervisión de las condiciones sanitarias del establecimiento, incluida la conservación adecuada de los productos, el cumplimiento de la cadena de frío y el retiro de medicamentos vencidos.
En Chile, el artículo 129 A del Código Sanitario establece que las farmacias deben ser dirigidas técnicamente por un químico farmacéutico, quien debe permanecer durante todo el horario de funcionamiento. La normativa también le asigna responsabilidades en la dispensación adecuada, la orientación a los usuarios y el uso racional de los medicamentos.
“Reducir las exigencias profesionales debilitaría esa protección”, sostiene Torres, quien plantea que el objetivo debe ser ampliar la cobertura sin comprometer la calidad de la atención ni la seguridad de los pacientes.
Alternativas para mejorar el acceso rural
El director de la Escuela de Química y Farmacia UNAB advierte que permitir que otros profesionales asuman la dirección técnica no obliga, por sí solo, a instalar nuevos establecimientos en localidades sin cobertura, mantener disponibles los medicamentos esenciales ni reducir los precios para las familias.
Por ello, propone fortalecer mecanismos que ya existen y desarrollar medidas orientadas a resolver las barreras concretas de acceso. Entre ellas, menciona el fortalecimiento de las farmacias municipales y de atención primaria, con abastecimiento oportuno y una oferta que responda a las necesidades de cada comunidad.
También plantea ampliar la participación de farmacias independientes y comunales en los mecanismos de compra de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), con el propósito de aprovechar las compras agregadas y los precios máximos de venta aplicables.
Otra alternativa es aprovechar los almacenes farmacéuticos, establecimientos regulados que pueden ofrecer medicamentos dentro de las categorías y condiciones autorizadas por la normativa, bajo la dirección de un práctico de farmacia autorizado. A ello se suman los botiquines habilitados y las farmacias móviles, sujetos a sus respectivas autorizaciones sanitarias.
Asimismo, Torres plantea fortalecer la distribución de medicamentos en sectores rurales y explorar modalidades de entrega domiciliaria que resguarden su conservación y trazabilidad, junto con la orientación necesaria para los pacientes.
“Una reforma debe vincular sus medidas con resultados verificables para la población”, señala. En esa línea, plantea que el éxito de las políticas de acceso debe reflejarse en menos viajes para conseguir medicamentos, un menor gasto de bolsillo y menos interrupciones de los tratamientos, sin debilitar las garantías sanitarias.
