El cáncer ocupa un lugar cada vez más central en la agenda pública y, cada octubre, vuelve a llenar titulares, cintas rosadas, convenciones y seminarios. Entre académicos, profesionales de la salud e investigadores es un tema que se estudia, se discute y se difunde. No obstante, fuera de esos espacios persiste otra conversación más silenciosa: la idea de que cáncer es sinónimo de muerte, y de que los tratamientos no están al alcance de todas las personas.
Los datos muestran que esa percepción en la población no es infundada. Un estudio de investigadores de la Pontificia Universidad Católica y del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (CECAN), publicado este año en la revista Preventive Medicine, analizó veinte años de mortalidad por cáncer en 343 comunas de Chile. La mortalidad por cáncer bajó cerca de un 21% entre 2002 y 2022, una señal de que la prevención y el tratamiento oportuno dan resultados. Sin embargo, esa mejora fue más lenta en las comunas más rurales, y las macrozonas centro-sur y sur concentran de forma persistente las tasas más altas. En los territorios más rurales, la mortalidad por cáncer gástrico es casi un 50% mayor que en los más urbanos, y la de vesícula, cerca de un 60% mayor.
El mismo estudio entrega otra información clave: en las zonas del país con mayor índice de ruralidad se describen tasas de establecimientos de atención primaria de salud muy superiores a las de zonas con menor ruralidad (cerca de 38 por cada 100.000 habitantes, frente a 8), pero, a su vez, menos centros de mayor complejidad, que es donde se confirma el diagnóstico y se realizan la cirugía y los tratamientos especializados. Es decir, la brecha de acceso no se encuentra necesariamente en la puerta de entrada, sino posteriormente, en la confirmación diagnóstica, la derivación y el tratamiento. En la Región de Los Lagos, donde muchas familias viven a horas de los centros especializados, la distancia constituye otro factor de riesgo, reconocido como un determinante social de la salud.
Hablar de cáncer es hablar de personas. No solo de quienes lo padecen, sino de sus familias, de los equipos de salud, de profesionales y técnicos que sostienen cada tratamiento.
Por eso no basta con hablar de cáncer. Este mes, el compromiso del Estado y la sociedad civil debería traducirse en algo más tangible: acercar la promoción, la prevención, la pesquisa temprana y el tratamiento oportuno a cada rincón de la región. Nada de eso será posible si quienes tenemos un rol de liderazgo entre los actores clave del sistema seguimos trabajando por separado. Servicios de salud, Autoridad Sanitaria, municipios, Universidades, organizaciones de pacientes y todo el intersector tenemos la responsabilidad de constituirnos como un engranaje que aborde de manera integral los problemas sanitarios de esta y la próxima década, bajo un enfoque territorial. Es, además, lo que mandata la Ley Nacional del Cáncer, que establece la cooperación intersectorial e interinstitucional como uno de sus principios.
La pregunta, entonces, es cuándo daremos el siguiente paso en conjunto: fortalecer una red oncológica pública que esté a la altura de la realidad del sur de Chile, con capacidad diagnóstica y terapéutica cada vez más cerca de donde vive la gente. La reciente incorporación del Centro Oncológico Regional de Los Lagos al Plan de Inversiones Oncológicas 2026-2030 del Ministerio de Salud es una señal en esa dirección, pero un proyecto en cartera no es todavía un centro en funcionamiento: su financiamiento aún está en evaluación y la región ya conoce iniciativas que no prosperaron.
Que este octubre no termine con la última cinta rosada, sino con un acuerdo de justicia sanitaria: que vivir en el sur deje de significar una desventaja frente al cáncer.
